Dos incidentes en que murieron ocho personas, incluyendo un coronel de la Policía Nacional, han conmovido la sociedad dominicana porque los mismos fueron generados a partir de dos atracos y plantean centralmente la actitud nacional ante la criminalidad.
La televisión nacional mostró aterradoras imágenes de tres jovencitos que estaban siendo masacrados a golpes y machetazos por vecinos de un pequeño negocio de las proximidades de la avenida Charles Degaulle, de Santo Domingo Este, al que supuestamente intentaron atracar, y que posteriormente a ser conducidos con vida por agantes policiales fueron declarados como muertos sin mayor explicación.
El otro incidente ocurrió en el municipio de Boca Chica, en las inemdiaciones de La Caleta, y refiere la visita de un grupo de investigadores de la Policía a una residencia acompañados de un detenido que confesó haber participado en un atraco y condujo al lugar donde había escondido su botín.
La señora de la vivienda, a quien el atracador le pidió la devolución del dinero que había dejado bajo su cuidado, se dirigió a un terreno en la parte trasera de la casa donde decenas de personas participaban de un juego de softball y les gritó que estaba siendo atracada, lo que desató una cacería por parte parte de los vecinos contra los policías, resultando de la confrontación cinco muertos, entre ellos el coronel de la PN Galy Cordero Rodríguez, que comandaba el grupo de investigadores, y cuatro de los vecinos que salieron a enfrentarlos confundiéndolos con atracadores, nombrados Ronald González, Elías Antonio García, Inocencio Eusebio Reyes y Manuel Jiménez.
Ambos hechos muestran la situación de criminalidad que se vive en barrios de Santo Domingo y otras ciudades y campos dominicanos, así como de la disposición de la población a hacerse justicia por sus propias manos, pese a que como demuestran estos casos, la línea divisoria entre criminales y persecutores no es tan clara.
El jefe de la Policía Nacional, Rafael Guillermo Guzmán Fermín, declaró anoche que dispuso la creación de una comisión investigadora de los hechos a la que integrará miembros de los grupos defensores de derechos humanos.
La televisión nacional mostró aterradoras imágenes de tres jovencitos que estaban siendo masacrados a golpes y machetazos por vecinos de un pequeño negocio de las proximidades de la avenida Charles Degaulle, de Santo Domingo Este, al que supuestamente intentaron atracar, y que posteriormente a ser conducidos con vida por agantes policiales fueron declarados como muertos sin mayor explicación.
El otro incidente ocurrió en el municipio de Boca Chica, en las inemdiaciones de La Caleta, y refiere la visita de un grupo de investigadores de la Policía a una residencia acompañados de un detenido que confesó haber participado en un atraco y condujo al lugar donde había escondido su botín.
La señora de la vivienda, a quien el atracador le pidió la devolución del dinero que había dejado bajo su cuidado, se dirigió a un terreno en la parte trasera de la casa donde decenas de personas participaban de un juego de softball y les gritó que estaba siendo atracada, lo que desató una cacería por parte parte de los vecinos contra los policías, resultando de la confrontación cinco muertos, entre ellos el coronel de la PN Galy Cordero Rodríguez, que comandaba el grupo de investigadores, y cuatro de los vecinos que salieron a enfrentarlos confundiéndolos con atracadores, nombrados Ronald González, Elías Antonio García, Inocencio Eusebio Reyes y Manuel Jiménez.
Ambos hechos muestran la situación de criminalidad que se vive en barrios de Santo Domingo y otras ciudades y campos dominicanos, así como de la disposición de la población a hacerse justicia por sus propias manos, pese a que como demuestran estos casos, la línea divisoria entre criminales y persecutores no es tan clara.
El jefe de la Policía Nacional, Rafael Guillermo Guzmán Fermín, declaró anoche que dispuso la creación de una comisión investigadora de los hechos a la que integrará miembros de los grupos defensores de derechos humanos.
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